¿Y si destinamos el rescate a comprar pisos de bancos?

Todavía hay quien culpa de la crisis a las familias, por haberse hipotecado, pero las cifras divulgadas este lunes dicen que los préstamos hipotecarios tienen una tasa de morosidad del 3% y los créditos a promotores inmobiliarios la tienen del 22,8%. Estos últimos equivalen a 67.421 millones, más del triple que hace cuatro años, cuando empezó el desplome. Y suponen el 58% de la morosidad empresarial. Este marrón, que tal vez nos debamos comer entre todos, es fruto de las complicidades entre políticos, cajeros y promotores. La crisis de las subprime es una historia americana; lo nuestro es otra cosa.

Los bancos que fueron cajas están llenando sus activos de viviendas y solares. Hay en ello algunos desahucios individuales, pero hay, sobre todo, mucha promoción entera. Y más que va a haber a medida que los créditos dudosos dejen de serlo para devenir impagos ciertos. Se habla de casi un millón de casas por vender en toda España, y el sistema financiero se está quedando un gran número de ellas. ¿Cuánto valen? Cada día menos, porque cada día bajan de precio. Y con ello cada día se reducen los activos de los bancos y aumenta su necesidad de financiación, es decir, el monto de su rescate.
A uno el no entender de economía y haber pasado las mates con cincos pelados le hace pensar locuras que, probablemente, los economistas descartan. Por ejemplo, la siguiente. Si hay un millón de viviendas por vender. Si su precio va a continuar bajando mientras alguien no se ponga a comprar. Si la bajada está agujereando los bancos. Si el agujero lo pagaremos entre todos. Si Europa está dispuesta a meter cien mil millones en ello. Entonces, ¿sería posible destinar estos millones a que el Estado compre un gran número de esas viviendas? Lo más baratas posibles, desde luego.
Con ello los bancos se librarían de los activos tóxicos y en su lugar tendrían dinero para prestar a las empresas. La compra masiva detendría la bajada constante de precios, y los precios estables animarían las compras de particulares. Por su parte, el Estado, que tiene más aguante, podría destinar las viviendas a alquiler social mientras espera la salida del túnel, momento en que las vendería sin pérdida ni beneficio.
Además, se estaría haciendo algo para cumplir con el artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
Debe de haber un millón de razones para no hacer tal cosa. Ya saben que uno no entiende de economía. Pero uno se sulfura cada vez que un economista o un político suelta que la culpa es de las familias que renuncian a todo antes que dejar de pagar la hipoteca y quedarse en la calle.

F:Farodevigo