Ofensiva Botín: Santander paga comisiones a sus empleados por la venta de pisos embargados

Vender pisos como sea. Esa es la orden estratégica que ha dado Emilio Botín, presidente de Banco Santander, a todas sus oficinas en España para sacar al mercado el ingente stock de viviendas que ha engullido por los impagos de promotores y particulares. Para desprenderse de su cartera de fallidos, la entidad pagará entre el 0,6 y el 1% del valor del piso a cada empleado que sea capaz de colocar un inmueble.

Esta es la iniciativa aprobada por el comité de dirección de Banco Santander. La coordina Enrique García Candelas, director general y jefe de la red de sucursales del grupo en España, en colaboración directa con Remigio Iglesias, director general adjunto y responsable de la actividad de recuperaciones de morosos. El banco ha enviado una circular interna a todos los empleados de las oficinas para comunicarles el nuevo objetivo estratégico y la compensación que recibirán por cada operación.

En concreto, la entidad pagará un 0,6% del importe de la vivienda vendida cuando se trata de una obra nueva, mientras que les abonará un 1% si lo que consiguen colocar es un piso de segunda mano. La diferencia del incentivo se explica porque los primeros serán más fáciles de comercializar al tratarse de casas en mejores condiciones, recién terminadas en la mayoría de las ocasiones por el propio banco, mientras que los segundos son embargos de hipotecados de larga duración. Por tanto, percibirán entre 900 y 1.500 euros por una vivienda media de 150.000 euros.

Los cajeros del Santander recibirán parte de la comisión que hasta la fecha cobran empresas comercializadoras externas. Hasta la reciente circular, que entró el vigor el 1 de febrero, el banco vendía sus viviendas embargadas a través de la web de Altamira, su filial inmobiliaria. El interesado se ponía en contacto con un call center, que posteriormente le remitía a una sociedad ajena al grupo que se encargaba de facilitar la tramitación. Desde este mes, parte de ese trabajo lo harán desde las oficinas.

La maniobra de Botín supone un cambio sustancial en la estrategia comercial del grupo en España, ya que hasta el año pasado la orden era precisamente la contraria: retener la concesión de créditos para financiar compraventa de inmuebles con el fin de no aumentar el balance. De hecho, los directores de oficinas tenían una penalización por conceder préstamos hipotecarios, salvo que se tratasen de clientes de máxima solvencia.

Después de la entrada en vigor de la reforma financiera que obliga a todo el sector a incrementar de forma significativa las provisiones por los créditos fallidos, la situación ha cambiado de forma radical, en especial para aquellas entidades que ya dotaron su agujero inmobiliario con anterioridad. Como adelantó El Confidencial en enero, Santander había decidido destinar hasta 4.000 millones a cubrir sus pérdidas de su cartera relacionada con el ladrillo.

La mayor inmobiliaria de España

Al anticiparse, el banco está en disposición de ofrecer precios muchos más bajos porque ya ha provisionado hasta el 70% de la tasación inicial del inmueble. Así lo reconocen fuentes internas del primer grupo financiero español, las cuales explican que el valor de compraventa se calcula en función de cuánto está dotado. Un ejemplo práctico es la comercialización de las viviendas embargadas en Seseña (Toledo) el empresario Francisco Hernando, conocido como El Pocero, las cuales se pueden comprar por 65.000 euros, la mitad que hace apenas unos meses.

La iniciativa supone crear de facto la mayor red inmobiliaria de España, ya que Banco Santander cuenta con 2.915 puntos de venta, a los que se podrían sumar también las 1.714 de Banesto, que podría copiar la estrategia de la matriz. La empresa tendrá a su disposición los 18.704 empleados que la matriz tiene en sus sucursales.

En España, el Santander tenía adjudicados activos relacionados con la construcción por 8.552 millones de euros a cierre de 2011, con una cobertura del 50%, lo que supone haber dotado ya 4.278 millones. Unas cifras que salen de una cartera de créditos con finalidad inmobiliaria de 95.000 millones, 64.000 a particulares y 31.000 a promotores. La morosidad de ese porfolio es del 28,6%, un ratio que ha crecido desde el 17% registrado en 2010 y del 11,9%, de 2009. El aumento del paro ha incidido directamente sobre los impagos.

f: economia y empresa