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El volumen de créditos impagados en la banca subió con fuerza en abril, mes en el que la tasa de morosidad avanzó al 8,72% frente al 8,36% de marzo. Este repunte de 0,35 puntos porcentuales, el equivalente a 4.772 millones, supone el mayor incremento mensual desde enero de 2009, lo que sitúa el nivel de préstamos dudosos en relación al total de la cartera crediticia del sector financiero en un nuevo máximo de los últimos 18 años.
Según los datos que ha publicado hoy el Banco de España, los bancos, cajas y establecimientos de crédito tenían a cierre de abril 152.739 millones de euros tras 12 meses consecutivos de subida. Por el otro lado, el volumen de dinero que las entidades tenían prestado bajo con fuerza en abril en 17.500 millones, un recorte del 3,47% en tasa interanual y sin parangón desde el mismo mes de 2011.
Una semana después de que el Gobierno solicitase pedir a sus socios europeos un rescate de hasta 100.000 millones para sanear el sistema financiero, los datos ratifican que una parte importante del sector afronta serios problemas, incapaz de hacer frente por sus propios medios al empacho de ladrillo que arrastra desde la burbuja inmobiliaria.
Además, con vistas al futuro, los expertos y el propio sector advierten de que la morosidad seguirá subiendo hasta rebasar con holgura el 9%. El máximo histórico hasta la fecha fue el 9,15% que se tocó en febrero de 1994 a raiz de la intervención de Banesto por un agujero de 3.636 millones de euros. El origen de este persistente aumento está, principalmente, en los impagos que ha dejado atrás la crisis inmobiliaria, que no ha tocado suelo desde el inicio del ajuste en 2008, así como en el deterioro económico generalizado de España, que impide a las empresas cumplir con sus compromiso de pagos, y el auge del paro, que hace mella en las familias.
En este último apartado, aunque lo último que dejan sin pagar las familias es la hipoteca, la morosidad en los créditos para adquisición de vivienda con garantía hipotecaria ha superado en el primer trimestre el 3% por primera vez desde que el Banco de España recoge estos datos, en 1999.
Para hacer frente al deterioro de las carteras crediticias el Gobierno ha aprobado cuatro reformas, dos a cuenta del gabinete de Rodríguez Zapatero y otras dos por el Ejecutivo del PP en apenas cinco meses. Además, se espera una nueva vuelta de tuerca al sector una vez se conozcan las conclusiones de las auditorias independientes encargadas por el Gobierno para cifrar la eventual morosidad oculta de las entidades, cuyas cuentas estudiarán una a una.
De momento, durante esta semana se conocerán los datos de las dos evaluadoras que van a analizar la situación del conjunto del sector de forma general y que, según se ha adelantado, cifrarán las necesidades de recapitalización entre los 60.000 y 70.000 millones de euros. La cantidad de dinero que el el Gobierno pedirá a sus socios del Eurogrupo estará en línea de las cifras que salgan de estos dos exámenes.
Por otra parte, con el último decreto que ha puesto en marcha el ministro de Economía, Luis de Guindos, el sector debe elevar antes de octubre —salvo en aquellos casos en los que se produzcan fusiones— la cobertura sobre sus créditos relacionados con el ladrillo a los 137.000 millones, el 45% del total. Esta cifra supera en unos 28.000 millones las provisiones exigidas con la primera reforma, donde se fijaba un saneamiento de 50.000 millones.
Hasta abril, un mes antes de la aprobación del decreto, el sector acumulaba 84.287 millones en provisiones para afrontar el deterioro de activos, 900 millones más que en marzo. En mayo, además de la segunda reforma, también llegó la nacionalización de Bankia, cuya nueva dirección ha elevado las necesidades de capital del grupo hasta los 19.000 millones. El repunte en la cantidad de dinero público que necesitará la entidad se produjo al ampliar la carpeta de sospechosos e incluir en ella parte del crédito al consumo, lo que da una pista de por dónde pueden venir las nuevas exigencias para que el sistema financiero despeje, de una vez por todas, las dudas que ha situado a España en el ojo del huracán.
Fuente: Banco de España. / EL PAÍS
