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Las medidas con las que quiere incentivar el alquiler de pisos. En el registro figurarían los nombres de los arrendatarios conflictivos. Pretende también flexibilizar la duración del contrato de arrendamiento.Una vez más la palabra mágica es alquiler. En realidad, el sector y las administraciones intentan hacer de la necesidad virtud. Si no se venden pisos habrá que alquilarlos. Para animar a muchos propietarios a poner su casa en el mercado, el Gobierno podría –entre otras medidas– crear un registro público de inquilinos morosos.
El Ejecutivo contempla esa posibilidad con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de Viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento.
Se quiere impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos»Así lo contempla el ‘Programa Nacional de Reformas 2012’ remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).
En el registro figurarían los nombres de los arrendatarios conflictivos. El documento dice que así se quiere «impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos».
Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla unaflexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.
Bonificaciones fiscales
Se trata pues de animar a que los dueños de pisos los saquen al mercado y deje de haber tanta vivienda vacía. También para ello, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.
El Ejecutivo contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una «ventanilla única», dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
